La nueva maniobra dilatoria en torno a la Ley de Finanzas Regionales

La decisión de constituir un grupo de trabajo destinado a revisar la Ley de Finanzas Regionales podría haber sido recibida como una noticia alentadora, si no fuera porque Portugal ha elevado la creación de estos grupos a la categoría de arte administrativo: una forma refinada de no resolver nada. Cuando un problema empieza a generar incomodidad, se "estudia". Cuando la incomodidad se vuelve más aguda, se crea una comisión. Y cuando la urgencia se hace evidente, se concede a esa comisión un plazo de dieciocho meses para elaborar un informe que, previsiblemente, será sometido al escrutinio de otra comisión. Este es, en esencia, el modus operandi de la política nacional: retrasar con método, obstaculizar con solemnidad y etiquetar como responsabilidad lo que no es más que miedo a decidir.

"El Gobierno de la República reconoce que la actual Ley de Finanzas Regionales tiene más de doce años, admite que el contexto económico y financiero ha cambiado, declara que la revisión es urgente y, acto seguido, fija la entrega del estudio para el 31 de diciembre de 2027. La palabra ''urgente'' ha adquirido, al parecer, un nuevo significado burocrático: algo que puede esperar dieciocho meses, tres informes, media docena de reuniones y un almuerzo de trabajo. Con un poco de suerte, habrá una foto. Con más suerte aún, nadie se acordará del asunto cuando el informe llegue."

El método de la procrastinación institucional

La resolución aprobada constituye un pequeño monumento a la capacidad portuguesa de simular que se gobierna. No se establece un calendario legislativo vinculante. No se definen objetivos políticos concretos. No se impone ninguna obligación de presentar una propuesta de ley en un plazo determinado. Ni siquiera se asume un compromiso claro sobre criterios de financiación, ingresos fiscales, solidaridad interterritorial, costes de la insularidad o autonomía tributaria. En su lugar, se crea un grupo, se nombra un coordinador, se reúnen representantes y expertos, se permite la incorporación de más especialistas y se espera hasta finales de 2027. Es el equivalente institucional a guardar un problema en un cajón, con la única ventaja de que el cajón lleva membrete oficial.

Un calendario que habla por sí mismo

Analicemos las fechas con detenimiento:

• Finales de 2027: el grupo de trabajo debe presentar un diagnóstico, identificar necesidades, plantear soluciones y formular propuestas legislativas.
• Después de 2027: comienza el verdadero proceso político: el Gobierno decide si acepta las propuestas, los partidos discuten, los servicios jurídicos redactan los textos legales, la Asamblea de la República debate, las regiones autónomas protestan y Lisboa descubre, de repente, que existen limitaciones presupuestarias.
• Mediados de 2028 como optimista: podría aprobarse la nueva ley, siempre que no surjan imprevistos.
• 2029 como horizonte real: para que la ley produzca todos sus efectos, debe integrarse en los Presupuestos del Estado, por lo que su aplicación plena no llegaría hasta ese ejercicio.

Por tanto, lo que el Gobierno anuncia para 2027 no es una revisión, sino un informe sobre una posible revisión. La diferencia es abismal, aunque es precisamente esa diferencia la que el discurso oficial espera que pase desapercibida. Con este calendario, la revisión de la ley ha sido enviada a las calendas griegas. Lo que se comunica a los madeirenses no es una reforma, sino la promesa de una reforma, envuelta en lenguaje técnico y presentada con la solemnidad de quien cree que nadie sabe hacer cuentas.

La figura del coordinador: competencia al servicio del inmovilismo

José Tavares posee currículo, experiencia y competencia. Nadie pone en duda su valía. El problema no reside en el coordinador, sino en la puesta en escena que se ha montado a su alrededor. Un profesional capacitado puede ser perfectamente colocado al frente de un proceso diseñado para no llegar a ninguna parte en un plazo razonable. De hecho, es así como suelen funcionar estas iniciativas: se elige a una persona respetable para otorgar dignidad al retraso. La competencia individual sirve, de este modo, como cortina de humo ante el vacío político. Una argucia brillante. El sistema se lo agradece.

La doble cara del PSD Madeira: valentía regional, sumisión nacional

Ante esta farsa burocrática, ¿cuál es la reacción del Gobierno Regional de Madeira? Acepta. Sonríe. Participa. Probablemente anunciará, con el pecho henchido de autonomía, que ha conseguido un puesto en el grupo de trabajo creado por Lisboa para estudiar, hasta finales de 2027, aquello que Madeira lleva años reclamando. Una victoria histórica, sin duda: un representante en una comisión, una silla en una sala, una carpeta con documentos y, quizás, café y agua mineral incluidos. La autonomía ha alcanzado su grado más elevado: ser consultada sobre su propio aplazamiento.

El PSD Madeira, que no se cansa de representar para el público regional el papel del gran defensor frente al centralismo, se transforma en Lisboa en un funcionario aplicado de la prudencia nacional. En la isla, golpea la mesa con el puño. En la capital, pregunta dónde debe firmar. Allí, vocifera contra la República. Aquí, agradece la oportunidad de integrar un grupo de trabajo. Es un valor geográficamente condicionado, una especie de regionalismo de escenario, muy fiero ante los micrófonos y notablemente dócil cuando llega el momento de exigir plazos, compromisos y decisiones.

Aceptar este calendario no es realismo político. Es subordinación pura y dura. Realismo habría sido negociar un plazo breve, exigir una propuesta legislativa con fechas concretas y condicionar el apoyo político del PSD nacional a la aprobación de una nueva ley. Subordinación es permitir que Madeira espere hasta 2027 por un estudio, hasta 2028 por una ley y hasta 2029 por su ejecución efectiva. Subordinación es dejar que la ley fundamental de la autonomía financiera sea tratada como materia de seminario académico. Subordinación es recibir un aplazamiento y venderlo a los madeirenses como un logro.

Autonomía real versus autonomía decorativa

La Ley de Finanzas Regionales no es una curiosidad técnica reservada a profesores, juristas y contables. Determina la capacidad de la región para financiar servicios públicos, invertir, ejercer el poder tributario y compensar los costes permanentes de la insularidad. Sin una autonomía financiera genuina, la autonomía política es mera decoración constitucional. Hay bandera, himno, Gobierno, parlamento y discursos encendidos. Pero el dinero, ese, sigue dependiendo del buen humor de Lisboa. Es una soberanía de ceremonia, muy útil para inauguraciones y bastante menos útil para gobernar. Para quienes deseen profundizar en los mecanismos de la descentralización fiscal, puede resultar de interés consultar obras especializadas sobre autonomía regional y finanzas públicas.