José Manuel Bolieiro reclama una revisión al alza del sistema financiero regional

El presidente del Gobierno de los Azores, José Manuel Bolieiro, ha expresado su optimismo respecto al proceso de revisión de la Ley de Finanzas de las Regiones Autónomas. En sus declaraciones, el líder del ejecutivo regional, formado por PSD/CDS/PPM, subrayó que la reforma debe producirse "en alta", es decir, mejorando las condiciones actuales y reconociendo los sobrecostes derivados de la insularidad.

Creación de un grupo de trabajo para la reforma financiera

El Gobierno de la República dio un paso concreto esta semana al aprobar la formación de un grupo de trabajo encargado de revisar la normativa que regula las finanzas de las regiones autónomas. Este equipo estará liderado por José Tavares, expresidente del Tribunal de Cuentas, e incluirá representantes de los gobiernos regionales. Bolieiro valoró positivamente esta iniciativa, afirmando que es el cumplimiento de un compromiso asumido previamente.

Según el presidente regional, lo fundamental es que el nuevo marco financiero sea estable, previsible y justo. "Cuanto más cedo, mejor. Si es posible resolver una situación en el marco del presupuesto anual, ya para 2027, tanto mejor. Pero lo importante es hacerlo bien, no a la carrera", declaró durante la inauguración de la Feria Agrícola de los Azores en Angra do Heroísmo.

"La expectativa es que sea una revisión buena y en alta. La ley actual no es justa para los Azores, en particular."
— José Manuel Bolieiro

Puntos clave de la revisión exigida por el Gobierno azoriano

Bolieiro enumeró varias condiciones que considera innegociables para que la reforma sea satisfactoria. A continuación se detallan los principales ejes de su reivindicación:

• Sin pérdidas históricas: La nueva ley no puede suponer una reducción de los recursos que los Azores han recibido tradicionalmente. Al contrario, debe traducirse en ganancias reales.
• Distribución justa de la riqueza nacional: El ejecutivo regional defiende que la redistribución de los fondos públicos debe tener en cuenta las singularidades del archipiélago.
• Reconocimiento de la insularidad: Los costes adicionales que supone la condición archipelágica deben ser compensados de manera explícita y permanente.
• Valor del patrimonio natural: Los Azores representan un activo ambiental único para Portugal, lo que debe reflejarse en la ecuación financiera.

Insularidad y sobrecostes: el corazón de la demanda

Uno de los argumentos más repetidos por Bolieiro es la necesidad de que la ley contemple los sobrecostes que la insularidad impone en funciones básicas del Estado. En concreto, mencionó las áreas de Educación, Sanidad y Transportes, donde las diferencias con el resto del país —e incluso con la isla de Madeira— son especialmente acusadas. "Estos costes son muy diferenciadores en los Azores", subrayó.

Además, el presidente regional destacó que el archipiélago contribuye de forma relevante a la proyección atlántica de Portugal. "Los Azores alimentan el potencial global que Portugal tiene ante su dimensión atlántica", afirmó, sugiriendo que ese papel estratégico debe ser valorado también en términos financieros.

Para profundizar en el análisis de la financiación autonómica y los retos de las regiones insulares, puede consultar obras especializadas como libros sobre finanzas públicas regionales o estudios económicos sobre la insularidad.

El compromiso del primer ministro con una reforma "valorizadora"

Bolieiro aseguró que el primer ministro portugués, Luís Montenegro, ya ha manifestado su intención de llevar a cabo "una reforma importante, valorizadora y justa". El líder azoriano confía en que el grupo de trabajo recién creado pueda trabajar con celeridad pero sin precipitaciones, buscando un modelo que otorgue seguridad jurídica y previsibilidad a las transferencias financieras.

En este contexto, también señaló que la ley debe reconocer la necesidad de solidaridad y cohesión social y territorial, así como el valor del patrimonio natural que los Azores representan para el país. Todo ello, insistió, debe traducirse en un tratamiento diferenciado y positivo dentro del sistema de financiación autonómica.